Primer Parcial de Historia Económica y Social Argentina

Cátedra Rapaport – Adj. Galé
Ciudad Universitaria
Viernes 28 de Mayo de 1999

Pregunta 1: Peñalva – Jabbaz – “La Industria que supimos conseguir” : Cambios – Estado (en los ultimos 30 años). Estudio de “casos”

Estos últimos cuarenta años, ricos en acontecimientos, vieron desfilar en el Gobierno Nacional a no menos de 16 presidentes, 37 ministros de economía y nada más ni nada menos que 5 unidades monetarias (con un factor de 10¹³ entre el $ m/n y el $ de 1991…)¹ De más está decir que en estas condiciones, el simple hecho de mencionar las palabras “Industria Argentina” significa reconocer innumerables escollos y dificultades de toda índole.

Aunque a nuestra generación nos cueste creerlo, existieron en Argentina casos exitosos específicos dentro del marco manufacturero argentino, que tuvieron incluso cierto reconocimiento mundial. Nombres como Atanor, SOMISA, Acindar, SIDERCA, SIAM, e incluso el recuerdo de nuestros padres del “Torino” (que aún circula en cantidad por nuestras rutas, y que fuese entronizado alguna vez como uno de los mejores vehículos del mundo en su categoría) no deberían haber caído tan fácilmente en el olvido.

Este desarrollo, aunque fundamental, fue paulatino, originado mayormente por la gestión “industrialista limitada” de Perón² (sin intención de aumento de eficiencia industrial, con un objetivo social claro orientado al pleno empleo y a la redistribución via la intervención estatal, con fuertes presiones externas en contra - por parte de los EEUU sobre todo³ -, y dirigida casi exclusivamente al mercado interno, ya que tanto el gobierno como los propios industriales concentraron sus esfuerzos en éste tras el fin de la Segunda Guerra Mundial⁴). Fue durante los dos primeros mandatos del General Perón que proyectos como SIDERCA o SOMISA nacieron y comenzaron (tímidamente) a desarrollarse. Sin embargo, diferentes factores (tanto internos como externos) impidieron el arranque definitivo de estas industrias “básicas” hasta principios de los años sesenta. También remonta a este período la institucionalización del movimiento obrero como fuerza fundamental en el panorama económico y político argentino.

La financiación de las industrias argentinas representó desde siempre un problema mayor al desarrollo del sector (y lo sigue constituyendo, ya que se espera aún alguna reforma en el mercado de capitales, para dinamizar el ingreso de medianas empresas a cotizar en bolsa⁵). Mientras que las grandes empresas pudieron procurarse financiamiento externo, las pequeñas no tuvieron la misma facilidad por falta de un mercado de capitales organizado y estable. Este fue un escollo de gran importancia para el desarrollo de la pequeña y mediana industria, y acentuó la demanda de inversión y tecnología extranjeras, cuya crónica dependencia fue demostrada durante la crisis de la balanza de pagos de 1981⁶.

Las industrias “básicas” son las necesarias para abastecer a la industria pesada argentina con insumos de importante valor agregado, como lo es el acero. En este sentido, en las décadas del ’60 y ‘70, se produjo el más importante crecimiento industrial registrado hasta la fecha en la historia económica argentina. Las principales industrias involucradas en este crecimiento fueron las industrias automotriz, química y petroquímica, que se abren poco a poco a la exportación a causa de la saturación del mercado doméstico.

También se verifica durante este período un desarrollo intensivo de las técnicas de management y de optimización de la producción en el seno de varias empresas industriales líderes. Más importante aún, durante este período de auge los niveles de desempleo alcanzan los niveles mas bajos de la historia..

Tras la crisis petrolera del ’73 comienza a declinar el poderío de la industria automotriz, a causa de la baja demanda, a favor de la siderurgia, la industria petroquímica, etc., es decir de las productoras de “commodities” con fuerte inversión de capital y escasa mano de obra⁷. Este proceso se acentúa durante la segunda mitad de la década del ’70, dando como resultado un aumento pronunciado del desempleo, la desaparición o fusión de numerosas firmas, y una deformación del movimiento obrero que pierde paulatinamente su poder de antaño.

Sin embargo, como característica fundamental común a todos estos fenómenos, se destaca la intervención estatal en variados rubros económicos. Herencia de los dos primeros gobiernos peronistas, ésta se mantendrá intocable hasta principios de los años ’90, en los cuales se llevará a cabo un proceso de privatización integral sin precedentes en la historia⁸.

En este proceso, puntualmente, se destaca el caso de SOMISA (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina), cuyo destino había sido el de constituir la punta de lanza del desarrollo manufacturero argentino. Ideada en 1947 durante la primera presidencia de Perón⁹, durante largo tiempo postergada, inaugurada por Frondizi en mayo de 1961¹⁰, con monopolio asegurado hasta 1974¹¹, y privatizada en 1992, su ejemplo refleja las idas y venidas de las políticas económicas argentinas en la segunda mitad de este siglo. SOMISA compartió con Acíndar y SIDERCA el liderazgo en la reducción y aceración¹², procesos que proporcionaron acero crudo a una cantidad importante de industrias nacionales, que así contaban con insumos de origen nacional. SOMISA, en este sentido, representaba la regulación estatal del mercado nacional del acero, y además cumplió el rol de absorber importantes cantidades de mano de obra.

Este rol social fundamental (parte del principio del Welfare State), que dinamizaba el consumo y el empleo, fue desplazado (luego de la adquisición de la empresa por un consorcio liderado por el Grupo Techint) por el de la eficiencia productiva, basada en un supuesto de búsqueda de especialización internacional de la economía. Esto significó (como era de suponer) el despido del 50% de su personal¹³ y una amplia reestructuración interna, tanto tecnológica como humana.

La desvinculación estatal fue de magnitudes impresionantes, y marcan un cambio de dirección de 180° con respecto a la tradicional intervención estatal. Es menester lamentar que esta separación no haya tenido mayor planeamiento, ni haya sido acompañada por un fomento a la industria manufacturera durante la década del ‘90, ya que el desempleo así generado no ha podido, tras 20 años de crisis, ser controlado adecuadamente. En el caso particular de Somisa, desde la privatización de la empresa, se observa que el área de San Nicolás-Ramallo (en donde se encontraba asentada) vio drásticamente reducida su tasa de empleo y la calidad y cantidad de sus estructuras sociales. Los costos sociales de estos fenómenos, si bien son difíciles de evaluar puntualmente, son reflejados en la literatura económica mundial, y no pueden ser declarados “incalculables” por la autoridad responsable, alegando “tendencias globalizadoras” sin tener en cuenta las realidades particulares del país. En un momento histórico en el que la tendencia mundial está dirigida a una mayor atención a los problemas sociales (el gobierno de Lionel Jospin, en Francia, encaró en este sentido reformas de reducción de las horas laborales, y otras medidas de intervención estatal en pos de una reducción efectiva del desempleo) es hora de que el estado y sus políticas económicas encaren el problema social de frente.

Pregunta 2: Plan Pinedo – Plan Krieger Vasena – Plan Martínez de Hoz. Moneda, Finanzas y Crisis

El Plan Pinedo, el Plan Alsogaray, el Plan Krieger Vasena, el Plan Martínez de Hoz y el Plan de Convertibilidad del Ministro Cavallo de 1991 tienen todos a un denominador común: la aplicación directa de recetas económicas liberales novedosas y foráneas para la economía argentina¹⁴, casi continuamente aquejada de desequilibrios fiscales, déficits externos e inflación galopante durante este siglo. Lo más increíble de estos tres planes es, sin embargo, que el Plan Martínez de Hoz resultó ser la antítesis perfecta del Plan de Pinedo en cuanto a sus consecuencias en el plano industrial argentino.

En noviembre de 1940, el entonces Ministro de Finanzas, Federico Pinedo, propuso al Gobierno Nacional un conjunto de medidas político-económicas para contrarrestar los ya evidentes efectos de la Segunda Guerra Mundial en la economía argentina. Estos efectos eran debidos a que, a causa de la Guerra, todo el comercio mundial se encontraba paralizado¹⁵. Particularmente grave para Argentina, esto significaba una importante reducción de sus ingresos, ya que su principal partenaire comercial, esto es, Gran Bretaña, se encontraba en ese entonces abocado en la tarea de organizar su defensa frente a la fulminante Blitzkrieg de Hitler.

El “Plan Pinedo de Reactivación Económica”, tenía premisas claras tanto de contenido económico como político. En lo económico, fue un plan eminentemente Keynesiano¹⁶, inspirado y muchas veces comparado con el “New Deal” de Roosevelt. Su objetivo en este sentido fue el desarrollo interno, favoreciendo el establecimiento de industrias y plantas fabriles, asi como fomentando la construcción (lo cual era la solución a dos problemas acuciantes en la Argentina de los años 30 y 40: el desempleo y la falta de viviendas), todo esto a través de financiamientos a largo plazo. En lo político, significaba un aumento de la intervención estatal (necesario para alcanzar el grado de proteccionismo necesario para el desarrollo industrial) con respecto a los niveles alcanzados durante la decada del 30, y una elección deliberada de fomento a la industria, hasta ese entonces relegada al papel de “rueda secundaria” de la economía argentina, frente al poderío del sector agropecuario¹⁷. También proponía el plan mayor claridad en los procesos democráticos (el fraude electoral era moneda corriente en aquellos tiempos), como un medio de afianzar el sistema económico a través del concenso político. Su principal objetivo, era, finalmente, la reactivacion de la demanda interna de bienes y servicios, que mostraba evidentes signos de estancamiento, mediante la industrialización.

El plan tuvo amplias repercusiones, pero aún más notable fue el rechazo que obtuvo en el Congreso, debido en gran parte a la oposición de la Sociedad Rural Argentina (de gran poder político, que privilegiaba los lazos entre Argentina y Gran Bretaña y las exportaciones agrícolas y ganaderas), y a la incomprensión generada por lo “avanzado” del plan (que en realidad era la muestra de la falta de comprensión del rol de la industria en una economía en desarrollo por parte de la clase política). Pinedo tuvo que renunciar a su cargo, pero sus ideas estuvieron lejos de caer en el olvido: pocos años más tarde, Juan Domingo Perón aplicaría éstas y otras recetas de similar calibre en un intento de reactivación de la economía cuyos efectos serían perceptibles durante décadas. Entre estos, los más importantes serían sin dudas la gestación de una verdadera industria pesada argentina y el crecimiento de la intervención estatal en la economía nacional.

Adalberto Krieger Vasena, que ya había sido Ministro de Economía durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, en 1957, volvió a asumir este cargo durante el gobierno (también de facto) del General Onganía, en 1967 (como anécdota cabe señalar que las dos veces reemplazó a Eugenio Blanco en la cartera de Economía). Este es un razgo paradójico (señalado por numerosos autores) de la historia económica argentina, en la cual, salvo excepciones, las políticas más liberales fueron aplicadas durante gobiernos militares, de tradición conservadora y nacionalista¹⁸. Fue éste el caso de Krieger Vasena, y más tarde también el de Martínez de Hoz. Este liberalismo en lo económico, empero, fue acompañado de un conservadurismo en lo político que lo asemejaba al imperante durante la década del ’30.

El plan Krieger Vasena tuvo un carácter mucho más monetarista que el Plan Pinedo, pero tenía un objetivo claro, la contención de la inflación mediante el control de precios y salarios. Sus principales repercusiones fueron una reactivación nunca vista del mercado de la construcción, gracias a la obtención facilitada de créditos hipotecarios; la puesta en marcha de un importante programa de inversión pública (el complejo hidroeléctrico Chocón-Cerros Colorados; los accesos a la Capital Federal; el túnel entre Santa Fé y Paraná son algunos ejemplos de los emprendimientos del período¹⁹); un aumento de las reservas en divisas; y la contencion de la tasas de inflación y desempleo.

Lamentablemente, la política de Onganía (abiertamente unitaria y dictatorial) y la reducción del poder económico del salariado provocó graves conmociones sociales (“Cordobazo” y “Rosariazo”) que agravaron la falta de concenso político y provocaron la remoción de Krieger Vasena de su puesto. Sin embargo, el razgo más importante del programa de Krieger Vasena fue su coherencia con respecto a los planes aplicados con anterioridad, sobre todo en lo que respecta su concepción y ejecución²⁰ (el plan fue aclamado en los EEUU como una de “las historias economicas más exitosas de la posguerra”²¹).

Particularmente estimulada por las perspectivas de estabilidad, financiamiento y el congelamiento de salarios, la industria argentina prosperó notablemente (a pesar del recorte de subsidios a ciertas ramas del quehacer industrial, como parte de una política que se denominó “eficientismo”²²). Se produjo un notable aumento de las exportaciones de manufacturas industriales, cuyo monto resultó multiplicado por nueve de 1969 a 1974; además comenzó en este período la exportación de tecnología y crecieron las inversiones directas de empresas argentinas en el extranjero. Este crecimiento no tenía precedentes similares en la historia argentina.

De esta manera, la tasa de industrialización (definida como el cociente entre el valor agregado de bienes manufacturados y el PBI) supero un nivel del 30% hacia la mitad de los años ‘70²³. Lamentablemente, esta tendencia no pudo mantenerse, de tal manera que a partir de la crisis petrolera mundial del 1973, y gracias a la reinstauración de la política económica Peronista (que privilegió el control de la inflación, y el aumento del gasto estatal al fomento de la industria) la industria manufacturera empezó a ceder terreno en su participación en el PBI.

A partir de marzo de 1976, luego del derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, el Plan Martínez de Hoz intentó reestructurar la economía argentina mediante la apertura de la economía (influencia de la “Escuela de Chicago”²⁴), la reforma del sistema financiero, y la liberalización del mercado cambiario²⁵. La apertura del sistema financiero argentino a capitales extranjeros (mayoritariamente capitales especulativos, dirigidos a inversiones en cartera a corto plazo²⁶), sumado al levantamiento de las restricciones financieras a la importación y al congelamiento de salarios, junto con otras medidas (“sinceramiento de la economía”), llevaron la economía argentina a una crisis sin precedentes, que estalló a principios de 1981 con la crisis de la balanza de pagos.

En el plano industrial, el endeudamiento industrial generado por esta política, y la repentina aparición de productos extranjeros competidores en el otrora protegido mercado argentino, en plena recesión, fueron causa suficiente para llevar a la quiebra a importantes sectores de la industria argentina, generando un desempleo en masa que aún hoy, 20 años más tarde, no ha logrado ser controlado de manera eficiente. La caida del sector industrial, que tiene la mayor proporcion de produccion y empleo (25% y 24% respectivamente en 1980) ha sido la razon principal de la depresion economica argentina durante la última mitad de los ‘70 y principios de la del ‘80²⁷.

Como puede observarse, las políticas “liberales” fueron siempre acompañadas por una fuerte intervención estatal, y un aumento (generalmente desproporcionado o mal dirigido) del gasto público, sin privilegiar verdaderamente un programa de desarrollo industrial que permita alcanzar el pleno empleo. La crisis que la Argentina sufre hoy dia, es de esta manera resultado de un remedio liberal contra una enfermedad provocada por los mismos principios liberales²⁸, o, según Humberto Eco, “liberistas”²⁹.

Valga como anécdota mencionar que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, en 1930, se llamaba Federico Martínez de Hoz…³⁰

Pregunta 3: Cambios “fundiarios” – “Reformas” o “Transformaciones” en el campo Argentino - Estado y Reforma Agraria

El problema de la posesión de la tierra, en un país que cuenta con uno de los suelos más fértiles del planeta, no es menor. Muy al contrario, su planteamiento, en repetidas ocasiones de la historia argentina, dejó al descubierto una telaraña de intereses opuestos cuyos enfrentamiento y protagonistas remontan a la época colonial.

En este sentido, mucho se ha hablado sobre los problemas “fundiarios” y sus posibles soluciones, esto es, una hipotética “Reforma” agraria, cuyo objetivo sería facilitar el acceso a los beneficios de la tierra al mayor número de individuos.

Sin embargo, y comparando Argentina con los EEUU, comprobamos rápidamente que, mientras que en el país del norte se facilitó a los inmigrantes la compra de pequeñas parcelas de tierra (de no más de 16 hectáreas) por un precio simbólico (Ley Homestead de 1862), bajo condición de hacerlas producir³¹, en nuestro país la situación era radicalmente diferente. En EEUU, el gobierno federal tomó la elección deliberada de distribuir las tierras de manera equitativa y racional con un objetivo a largo plazo, que era la distribución y asentamiento extendido de la población, y por ende de un vasto mercado interno que contribuye aún hoy día en la formidable creación de riqueza que observa la nación del norte desde fines del siglo pasado.

En Argentina, la llegada de los inmigrantes fue, en este sentido, ampliamente decepcionante, ya que las tierras más fértiles de la región pampeana pertenecían, desde la época colonial, a unas pocas familias asentadas en estas regiones desde la época de la dominación española (muchas veces mencionada en la literatura y discursos políticos como la “oligarquía terrateniente”). El gobierno federal, cuyos integrantes provenían o estaban influídos en gran medida por esta oligarquía, poco o nada hizo para revertir esta situación. Este fenómeno se acentuó a fines del siglo pasado tras la “Conquista del Desierto” de Roca.

En estas condiciones, la manera más habitual de acceso a la tierra fue el “arrendamiento” y más tarde la “aparcería”, métodos por los cuales se conceden fracciones de campo para su producción, en condiciones generalmente draconianas, a productores con maquinaria o mano de obra³².

Esto tuvo una importancia fundamental: fue más fácil, durante el siglo XX, capitalizarse en maquinaria que en tierras, por lo cual se generó toda una actividad de “contratistas” que contaban con los medios tecnológicos modernos necesarios para una explotación intensiva de la tierra. Esto, a su vez, no permitió invertir de manera significativa el éxodo rural hacia las grandes ciudades, que particularmente en los ’60 y ’70 brindaban, en el sector industrial en crecimiento, amplias posibilidades de inserción laboral.

Incluso aquel gobierno que, siguiendo sus tendencias corporativistas, hubiese podido fomentar la conversión de este régimen fundiario, es decir, el Peronista, no pudo hacer más que respetar la influencia política de los sectores tradicionales argentinos en las cuestiones agrícolas y ganaderas.

Particularmente durante el tercer mandato de Perón, de 1973 a 1974, la propuesta de la “Ley Agraria”³³ (nunca aprobada por el Congreso) fue presentada como una forma posible de “reforma agraria”, fue más que un intento de aumento de la intervención estatal en la redistribución de tierras declaradas “improductivas” según criterios bastante amplios.

Finalmente, cabría señalar que tal paquete de medidas difícilmente sería llamado “Reforma Agraria” según el criterio de Horacio Giberti, sino más bien “Evolución Espontánea” o “Inducida”³⁴.